¿Cuánto dinero estamos dispuestos a gastar para confiscar armas de personas como el padre perturbado que disparó y mató a sus tres hijas en una iglesia?

¿Y los demócratas de Sacramento ahora están dispuestos a reorganizar la polémica ley santuario de California después de que probablemente protegió al padre -que vivía aquí ilegalmente- de los agentes federales de inmigración días antes de que matara a sus hijas?

Ponerle precio a la vida de las niñas es una tarea imposible. Pero la prioridad debería ser mucho más alta que donde la estamos colocando ahora, a pesar de toda la retórica sobre la necesidad de un control estricto de las armas.

California tiene las leyes estatales al respecto más duras del país. Pero eso es irrelevante si no se aplican adecuadamente, y justamente eso es lo que ocurre.

“Necesitamos hacer cumplir más las leyes que tenemos”, reconoce el fiscal general Rob Bonta. “El aumento de los delitos violentos en todo el país se debe casi en su totalidad a las armas”. En particular, agrega, “las armas fantasmas son un nuevo desafío al que debemos enfrentarnos”.

Estas son armas no registradas que se ensamblan a partir de piezas compradas. Es prácticamente imposible rastrearlas hasta su violento dueño para que puedan ser incautadas.

Sin duda habrá leído la triste e inimaginable historia del padre que mató a sus hijas. Resulta que David Mora, de 39 años, vivía sin documentación en el país y usaba un arma fantasma ilegal.

Mora estaba sujeto a una orden de restricción por violencia doméstica que le prohibía acercarse a su exnovia, Ileana Gutiérrez Ríos, madre de las niñas. Al solicitar la orden, en mayo pasado, le advirtió a un tribunal de Sacramento que él era peligroso, que la había amenazado y que también amenazaba con suicidarse.

Ríos pidió que él también se mantuviera alejado de sus hijas. Pero el tribunal accedió a la protesta de Mora, de que quería “una relación sana” con sus hijas. Y se le concedieron visitas supervisadas semanales con las niñas.

El 28 de febrero, Mora y sus hijas estaban de visita en una iglesia de Sacramento cuando él abrió fuego con un rifle de asalto estilo AR-15 fantasma. Estaba equipado con un cargador ilegal de 30 rondas de alta capacidad. En total, se dispararon 17 tiros, que mataron a las niñas, de nueve, 11 y 13 años, y a la acompañante, amiga en común de Mora y Ríos.

Mora se suicidó con el decimoséptimo tiro.

Según la orden de restricción, a Mora no se le permitía poseer legalmente un arma. Pero aparentemente ni el tribunal ni las fuerzas del orden sabían que tenía una. Su exnovia, al parecer, tampoco. Y es posible que el hombre la hubiera obtenido recientemente, después de ser liberado de la Cárcel del Condado de Merced, donde estuvo recluido una noche.

Cinco días antes del tiroteo en Sacramento, Mora fue arrestado cerca de Los Baños bajo sospecha de conducir ebrio y agredir a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California. También fue fichado por atacar a un técnico de emergencias de un hospital.

Agentes federales de inmigración intentaron detener a Mora. Pero debido a la ley santuario de California, “la cárcel no pudo retenerlo ni comunicarse con ICE sobre su liberación, y se fue” con una fianza de $15.000, informó el viernes la Oficina del Sheriff del condado de Sacramento.

“Esta tragedia indescriptible destaca el costo real, involuntario o no, de las políticas de santuario, que impiden que las fuerzas del orden protejan a sus ciudadanos”, destacó el sheriff del condado de Sacramento, Scott Jones, quien se postula para el Congreso como republicano.

La declaración radical del sheriff es discutible.

Hubo un compromiso de último minuto forzado por el gobernador Jerry Brown en el proyecto de ley del santuario antes de que fuera aprobado por la Legislatura en 2017. La medida, del entonces líder del Senado Kevin de León, ahora miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles y candidato a alcalde, negó a California la posibilidad de ayudar a los agentes federales que intentan deportar a quienes llegaron aquí ilegalmente pero, como la mayoría, no se meten en problemas. El compromiso significaba delatar a los malos ante los federales. Dejar a los buenos en paz y echar a los maleantes. Alrededor de 800 delitos se calificaron en la última condición.

Pero si Mora no cumplía con los criterios para ser entregado a los agentes federales, entonces la ley santuario debería endurecerse. Claramente debería haber sido deportado.

Hay mucho sobre este tiroteo de masas que aún no sabemos. ¿Cómo consiguió Mora el arma? ¿La compró en la calle? ¿La fabricó él mismo? ¿Fue robada? ¿Alguien sabía que la tenía?

La policía no debe haberlo sabido, o la hubiese incautado, podríamos pensar.

Debería haber investigaciones más exhaustivas con entrevistas en profundidad a las víctimas de violencia doméstica cuando solicitan órdenes de restricción. Y si se descubre que el objetivo posee un arma de fuego, confiscarla de inmediato. Eso requeriría más dinero.

El sistema de datos en todo el estado también es decrépito y la información sobre las órdenes de restricción no circula ampliamente -si es que circula, en primer lugar-. Bonta quiere dinero para mejorarlo.

Hay una orden de restricción de violencia armada que se enfoca en las armas de fuego. Se trata de programas locales de “bandera roja”, contra personas juzgadas por un tribunal como asesinos potenciales. Sus armas son confiscadas inmediatamente. “Las ‘banderas rojas’ no se utilizan”, dice Bonta.

Hay alrededor de 24.000 californianos que la oficina del fiscal general sabe que poseen armas y que, legalmente, no deberían. Pero la fiscalía no puede reclutar suficientes oficiales estatales para secuestrar las armas y hacer mella en la lista. El trabajo es peligroso y la paga no es competitiva.

“Tenemos las leyes de armas más restrictivas del país”, afirma la procuradora del condado de Sacramento Anne Marie Schubert, quien se postula para fiscal general como independiente. “Pero hay que tener los fondos para sacar las armas de la calle. Hay armas fantasma en todas partes en este momento”.

Existe una legislación destinada a endurecer la aparentemente ineficaz prohibición de las armas fantasma.

El gobernador Gavin Newsom proyecta un superávit estatal discrecional de $21 mil millones para el próximo año fiscal. Tomen el 1% de eso e inviértanlo en proteger a los menores de sus padres armados.

Y ayuden a los federales a deportar a aquellos que están aquí ilegalmente.

LA TIMES