SAN SALVADOR (AP) — Días antes de su arresto frente a la casa de su hija en las afueras de San Salvador, el abogado constitucional Enrique Anaya llamó al presidente salvadoreño Nayib Bukele “dictador” y “sátrapa” en televisión en vivo.
Esta semana, el abogado Jaime Quintanilla se paró frente a un centro de detención en la capital de El Salvador con una caja de comida y ropa para su cliente, sin saber si Anaya sería liberado algún día.
El arresto de Anaya el sábado, un fiero crítico de Bukele, es la medida más reciente de lo que los observadores dicen es una ola de represión contra la disidencia por parte del gobernante centroamericano. Dicen que Bukele se siente envalentonado por su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump, quien no sólo lo ha elogiado sino que ha evitado criticar acciones que defensores de derechos humanos, autoridades internacionales y expertos jurídicos consideran autoritarias.
Las autoridades en El Salvador han apuntado a abogados de hablar franco como Anaya, a periodistas que investigan los supuestos acuerdos de Bukele con pandillas, y a defensores de derechos humanos que piden el fin de un estado de emergencia de tres años, con el que se han suspendido derechos civiles fundamentales. Algunos dicen que se han visto obligados a huir del país.
“Ya empezó a callar a los que opinan: los profesionales, todos los que son ideólogos, todos los que son críticos… ahora están detenidos”, denunció Quintanilla.
La oficina de Bukele no respondió a una solicitud de comentarios.
“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”
Los observadores ven una agudización preocupante por parte del popular presidente, quien goza de índices de aprobación extremadamente altos debido a sus medidas enérgicas contra las pandillas del país. Al suspender derechos fundamentales, Bukele ha debilitado severamente a las pandillas, pero también ha encarcelado a 87.000 personas por supuestos vínculos con ellas, a menudo con poca evidencia ni el debido proceso. Varios de los detenidos también eran críticos.
