El enfrentamiento en el estado Apure dejó al menos dos soldados venezolanos muertos, 32 guerrilleros colombianos detenidos y seis campamentos desarticulados. Ese es el saldo oficial que difundió el Ministerio de Defensa venezolano en un comunicado, pero según los analistas consultados es parte del plan para dar la impresión que atacan al terrorismo cuando las causas podrían ser más complejas.

Para Luis y María Andarcia, cruzar la frontera por trochas es parte de su cotidianidad desde que comenzó la pandemia. El taxista y su mujer venden chatarra venezolana en Colombia, el negocio menos lucrativo con la carga más pesada de la larga lista de mercancías que atraviesan una de las fronteras más peligrosas del hemisferio. Civiles armados colombianos son quienes deciden quién puede cruzar el río entre ambos países.

“Ellos dicen que son los encargados, nos revisan, y dependiendo de la chatarra que uno lleve deciden cuánto nos cobran por pasar”, cuenta a DW Luis Andarcia. “Yo me cuido de solo llevar chatarra, ellos preguntan si llevamos cobre que es el material estratégico; si alguien miente y le encuentran cobre al revisar, son capaces hasta de quitarle a uno la moto”, explica. “Vivimos en la zozobra”, se lamenta María Andarcia. “No nos gusta hacer esto pero no nos queda de otra, ya tenemos más de 50 años y no conseguimos trabajo por la crisis que hay en Venezuela”.

El riesgo de cruzar la frontera es cada vez más alto. Según la ONG Control Ciudadano, cada 6 horas es asesinada una persona en los 6 estados venezolanos que tienen frontera con Colombia. Además, cada dos días desaparece o es secuestrada una persona y todos los días hay entre uno y dos enfrentamientos armados en la frontera. En una reciente ponencia donde estuvo presente DW, la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, explicó que ” la presencia cada vez mayor de grupos armados al margen de la ley en la frontera, controlando todos los tráficos que en estos espacios se producen, entre ellos el de personas, ha llevado a la población a convivir con grupos armados irregulares y bandas delincuenciales a lo largo de la frontera”.

Enfrentamiento armado
En el más reciente enfrentamiento, ocurrido el 21 de marzo en el estado Apure, dos soldados venezolanos murieron al detonarse minas anti personas, armamento que no es común en Venezuela y que la ONG Fundaredes viene denunciando desde 2018. El presidente de Fundaredes, Javier Tarazona, explicó a DW que lo ocurrido en Apure no fue un simple enfrentamiento entre militares venezolanos y guerrilleros colombianos. Según Tarazona, “estos últimos enfrentamientos de las Fuerzas Armadas venezolanas no son contra la FARC y contra el ELN en su conjunto, sino con disidentes de la FARC que se niegan a recibir las ordenes de Jesús Santrich e Iván Márquez y esto ha llevado a que sin duda alguna sean reiterativos estos enfrentamientos en territorio venezolano”.

Rocío San Miguel concuerda cuando explica que hay una complicidad que poco se conoce sobre el papel que está jugando el ejército venezolano en esta situación. “Pareciera estar dándose una triangulación perversa en la frontera, que termina por proteger al ELN para que sigan actuando con bajo perfil y castigar a la disidencia de las FARC que tiende a actuar con un alto perfil; hay que realizar investigaciones porque de esta manera se comprometería muy gravemente la responsabilidad de los mandos del ejército que tienen jurisdicción en estos espacios fronterizos venezolanos”, explica San Miguel.

El comercio ilegal en la frontera
Tarazona denuncia que hay más de 9 frentes de disidentes de las FARC y 10 del ELN operando en 20 estados de Venezuela. “Si existiera una confrontación entre el Estado y estos grupos armados no tendríamos emisoras de frecuencia modulada de la guerrilla en el espectro radioeléctrico venezolano,” dice Javier Tarazona. En el centro de todo está el comercio ilegal por la frontera, explica San Miguel. “La economía ilegal se encuentra en expansión cada día más; no solo involucra a grupos armados al margen de la ley sino también está involucrando cada día a más efectivos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano y efectivos de las FF.AA. legales e ilegales en la frontera, escenario por excelencia de esta economía”.

Las consecuencias de la tensión en la frontera ya se evidencian con el aumento de venezolanos que huyen hacia Colombia. Fundaredes monitorea el proceso migratorio en la frontera y asegura que muchas familias de Apure buscan refugio en Arauca, en poblaciones colombianas donde no hay conflicto. La investigación de Fundaredes demuestra que “hay un impacto por el tema migratorio, estamos viendo a familias que dejan todo, que perdieron todo en medio de estos combates, y situaciones calamitosas en esta huida que emprenden”, dice Tarazona.

Crece la violencia
La violencia en la frontera tiende a profundizarse según Rocío San Miguel, quien dijo a DW que “lo que hemos aprendido con respecto a economías ilegales en pasos fronterizos es que terminan siendo conflictivas, estos asuntos se dirimen por las armas, eso no los han enseñado los tráficos de drogas , de personas, de minerales en distintas partes del mundo”. Lo que más le preocupa es que “esta situación perversa puede llegar en muy corto tiempo a homicidios colectivos similares o comparables a cifras de guerra que en algún momento el conflicto armado en Colombia demostró”.

“Cuando escuchamos detonaciones y gritos al otro lado del río, dejé la chatarra a la orilla y me regresé corriendo, no vale perder la vida por cruzar a Colombia”, explica Luis Andarcia, quien asegura que cada día es más difícil atravesar la frontera. Su mercancía es difícil de llevar a Colombia, a menudo se corta y sale herido con metales oxidados. Para Luis y María “no vale la pena el riesgo, pero es eso o nada, porque aquí en Venezuela no hay trabajo ni dinero y lo que nosotros podemos conseguir y está a nuestro alcance es chatarra”.

Autor: Oscar Schlenker