Un contratista experto en pisos retirado, estaba viendo la televisión una noche del mes pasado, cuando se encontró con la noticia de que agentes federales habían allanado U.S. Private Vaults, una tienda en un centro comercial de Beverly Hills que rentaba cajas de seguridad de forma anónima a sus clientes.

Él conocía bien el lugar: está cerca de su casa y, desde hace años, alquila allí una caja larga y estrecha para guardar alrededor de $60.000 en efectivo, oro y plata. También contiene el certificado de título de su camioneta.

El hombre de 69 años -quien se negó a ser identificado por motivos de privacidad y seguridad- relató que mantiene allí el arsenal de divisas y metales preciosos desde que se asustó con la crisis financiera de 2008. “Nunca se sabe lo que va a pasar, tal como va el mundo hoy”, expuso.

Esa red financiera se desvaneció, al menos por ahora, con la requisa.

Armados con una orden judicial, los agentes del FBI y la Agencia Antidrogas (DEA) sacaron de las paredes cada uno de los cientos de cajas de la tienda y confiscaron todo el contenido. Se necesitaron cinco días para hacer un inventario de todo y llevarlo a un almacén no revelado. Los fiscales informaron que se descubrieron drogas, armas y montones de dinero, que llamaron la atención de los perros detectores de drogas.

Para reclamar bienes, las personas deben identificarse ante las autoridades federales y demostrar que son los propietarios legítimos de los artículos, algo que puede resultar complicado cuando se trata de efectivo, oro, joyas o reliquias y otros artículos indocumentados.

La redada desencadenó querellas por parte de cinco poseedores de cajas de seguridad, que alegan que el gobierno violó la prohibición constitucional sobre registros e incautaciones irrazonables.

El juez federal de distrito R. Gary Klausner rechazó el martes la solicitud de un cliente de una orden de emergencia que habría impedido a los fiscales utilizar el contenido de las cajas como evidencia en la investigación. También habría evitado que el FBI exigiera a los titulares identificarse como condición para recuperar los objetos de valor.

Klausner, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la naturaleza generalizada de las incautaciones violara los derechos de los inquilinos de cajas.

El fallo de Klausner fue sobre la primera de las cinco demandas presentadas por clientes de U.S. Private Vaults, quienes estiman que había entre 600 y 1.000 cajas en la tienda.

Los fiscales argumentaron en los documentos judiciales que tienen una base legal sólida y que pueden probar que la compañía es en sí una empresa criminal y que la mayoría de los titulares de las cajas eran delincuentes que ocultaban “riquezas mal habidas”. Pero también reconocieron en los registros judiciales que personas inocentes habían sido perjudicadas por el caso. No se han presentado cargos contra ninguno de los clientes de la firma.

Académicos legales afirman que la fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles está probando las restricciones constitucionales al poder del gobierno para apoderarse de propiedad privada.

“Esto fue, en definitiva, ejecutar una orden judicial en una empresa”, comentó Orin Kerr, profesor de derecho de UC Berkeley. “Lo que lo hace distinto es que cientos de clientes tenían sus propios espacios protegidos por la Cuarta Enmienda en sus cajas de seguridad. Eso convierte el hecho en inusual. No es solo la empresa; también son los usuarios que guardaban allí sus cosas. Algunos participan en actividades delictivas; otros no, supongo”.

Un gran jurado federal acusó a U.S. Private Vaults, el mes pasado, por tres cargos de conspiración: distribuir drogas, lavar dinero y estructurar transacciones en efectivo para eludir las reglas de información monetaria. La acusación enumera a cuatro personas anónimas afiliadas a la empresa como co-conspiradores, pero no los ha acusado. Más adelante podrían presentarse otros cargos.

En una declaración judicial en defensa de la incautación, la agente del FBI Kathryn E. Bailey remarcó que los agentes que registraron las cajas encontraron fentanilo, OxyContin, armas, lingotes de oro y fajos de billetes de 100 dólares. Algunas de las cajas de mayor tamaño contenían cada una más de $1 millón en efectivo, agregó.

Los clientes que demandaron al gobierno señalaron que los fiscales no tenían derecho a confiscar el contenido de sus cajas porque no había pruebas que les dieran motivos para sospechar que estaban escondiendo artículos de contrabando o cometiendo algún otro delito.

Jeffrey B. Isaacs, abogado de un cliente, acusó a los fiscales de intentar obligar a las personas que quieren recuperar sus propiedades a revelar sus nombres al FBI, someterse a una investigación criminal y demostrar la adquisición legal de lo almacenado en las cajas.

“Esta es la requisa e incautación más ilegal que jamás haya visto”, enfatizó Isaacs. “Es bastante impactante”.

Su cliente aparece identificado en los documentos judiciales con el seudónimo de James Poe. Los otros cuatro querellantes también buscan mantener su anonimato: John Doe, Charles Coe, Michael Moe y Richard Roe.

El contratista retirado de la zona de Pico-Robertson no inició una demanda, pero intentó presentar una denuncia de robo a la policía de Beverly Hills, que se negó a aceptarla.

El fallo de Klausner rechazó el pedido de Doe de una orden de restricción temporal que habría hecho pública la orden de incautación aprobada por el tribunal; detuvo la inspección de cualquier caja de seguridad que el gobierno no tenga una justificación específica para registrar; prohibió a los agentes usar cualquier artículo hallado en tales cajas en investigaciones criminales e impidió que el FBI solicitara información personal a quienes intentaban recuperar sus objetos de valor.

Doe alquiló tres cajas para guardar joyas, efectivo y lingotes, pero solicitó una orden judicial que se aplicara a toda la tienda.

“Es posible que la incautación y la requisa por parte del gobierno de esas otras cajas violara los derechos de sus propietarios en la Cuarta Enmienda”, escribió Klausner. Pero la solicitud fue “mucho más amplia de lo necesario” para proteger a Doe de cualquier daño.

El tribunal aún está considerando la solicitud de Doe de una orden judicial preliminar. Benjamin Gluck, su abogado, afirmó que “el plan del gobierno es manifiestamente inconstitucional”.

En los documentos judiciales presentados la semana pasada, el fiscal asistente de EE.UU, Andrew Brown, remarcó que los agentes “confiscaron contenidos de las cajas de seguridad porque había pruebas abrumadoras” de que U.S. Private Vaults “era un negocio criminal”. La promesa de anonimato de la compañía atrajo a criminales que buscaban salvaguardar el efectivo, añadió. Sin embargo, Brown reconoció que algunos clientes eran “ciudadanos honestos” que debían recuperar sus cosas.

Los estándares sobre lo que hace que una requisa sea legal han cambiado en los últimos años a medida que las comunicaciones digitales plantean nuevas objeciones. Los tribunales han exigido órdenes judiciales para requisar sitios donde las personas tienen una “expectativa razonable de privacidad”. Sin embargo, hubo excepciones cuando la policía buscó datos personales y otras cuestiones que los sospechosos técnicamente han puesto en posesión de un tercero, como una compañía telefónica o un lugar de guardado.

En 2018, la Corte Suprema redujo esas excepciones y dictaminó que la policía necesita una orden judicial para recopilar registros de rastreo de teléfonos celulares que puedan revelar a dónde va un individuo. Aunque los datos de ubicación son guardados por una empresa privada, el magistrado del Tribunal Supremo John G. Roberts escribió “nos negamos a otorgar acceso sin restricciones al estado”.

Hadar Aviram, profesora de derecho de UC Hastings, destacó que la orden que permanece sellada en el caso de U.S. Private Vaults es la clave para determinar si los fiscales cumplieron con el estándar legal para romper la expectativa de privacidad de los titulares de las cajas. Los fiscales deberían demostrar que tenían una causa probable para creer que se encontrarían pruebas de actividad delictiva en una parte sustancial de las cajas, tal vez cerca de un tercio de ellas, expuso, y añadió: “Hay un buen motivo de preocupación aquí”.

Kerr, el profesor de derecho de UC Berkeley, espera que la incautación de todas las cajas finalmente resulte apoyada en la Corte, pero la cuestión legal aún no parecía “predefinida”.

Robert Frommer, abogado principal del libertario Institute for Justice, en Virginia, calificó la incautación de las cajas como “atroz”. “Los dueños de esos valores tienen sus propios derechos independientes de estar seguros sobre sus personas y propiedades”, destacó. “El gobierno no puede entrar allí y decir que, porque la empresa supuestamente hizo algo mal, esa gente no tiene derecho a las protecciones de la Cuarta Enmienda”.

LA TIMES