El peligroso delincuente, Mauro Esteban Garza Torres, también tiene denuncias por acoso a mujeres casadas y familias enteras. Tuvo que abandonar el club de golf Plantation en Pharr, TX ante las llamadas hechas por varios de sus habitantes por acoso e invasión de propiedad que residentes reportaron a la policía.

McALLEN, Texas — Un empresario que presuntamente presentó documentación fraudulenta para evitar aranceles e impuestos fue retenido sin derecho a fianza el viernes.

Mauro Esteban Garza-Torres, de 51 años, originario de Hidalgo, es dueño de GMT Machinery, empresa que exporta maquinaria pesada de Estados Unidos a México.

“Voy a ordenar que sea detenido sin derecho a fianza en espera de juicio”, dijo la jueza magistrada federal Nadia S. Medrano el viernes por la mañana, cuando Garza compareció en la corte.

Mauro Esteban Garza-Torres es dueño de GMT Machinery, empresa que exporta equipo pesado de Estados Unidos a México. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) allanó GMT Machinery en marzo.

Garza ingresó a Estados Unidos con una visa de negocios en junio de 2011, según la denuncia penal en su contra.

Las personas con visa de negocios pueden permanecer en Estados Unidos por un máximo de seis meses, según información publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., a menos que soliciten una extensión.

Sin embargo, cuando la visa expiró, Garza permaneció en el país.

Garza compró una casa de 5,100 pies cuadrados cerca del Cimarron Country Club en Mission y empezó un negocio, GMT Machinery.

También se casó — dos veces.

Garza contrajo matrimonio con una joven menor de edad de 18 años en 2011, según información de la Oficina del Secretario del Condado de Hidalgo, menos de dos meses después de haber llegado a Estados Unidos.

El matrimonio no duró. Se separaron en diciembre y Garza solicitó el divorcio en 2012, citando “discordia o conflicto de personalidad”.

Garza volvió a casarse en marzo de 2021, según documentos presentados ante la Secretaría de Distrito del Condado de Hidalgo. Su esposa, una joven de 21 años, solicitó una anulación menos de cuatro meses después.

“El demandado ya estaba legalmente casado en México”, según una petición presentada por su abogada. “El matrimonio previo del demandado nunca fue disuelto por divorcio o anulación ni terminado por fallecimiento”.

El juez del Condado de Hidalgo, Arnoldo Cantu, determinó que las acusaciones eran “sustancialmente correctas”, según los documentos de anulación, y anuló el matrimonio.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibió información sobre Garza hace aproximadamente dos años, dijo el agente especial Wesley G. Jones durante una audiencia la semana pasada.

“Descubrimos información adicional que indicaba que el matrimonio más reciente del Sr. Garza, que concluyó hace varios años, quizá no fue, de hecho, un matrimonio legítimo”, dijo Jones. “Y que pudo haber habido una motivación financiera para su esposa, la contraparte en el matrimonio, para llevarlo a cabo”.

Garza afirmó que su exesposa lo había agredido y presentó una solicitud para ajustar su estatus migratorio bajo la Ley Federal de Violencia contra la Mujer (VAWA), pero el sujeto presenta denuncias de acoso por parte de otras mujeres.

Lo que exactamente su exesposa supuestamente hizo no está claro. HSI no pudo encontrar pruebas de que Garza realmente hubiera sido agredido. Cuando los agentes lo cuestionaron, Garza negó que su esposa lo hubiera agredido físicamente, dijo Jones.

El abogado Alex Martínez, de McAllen, quien representa a Garza en el procedimiento migratorio, dijo que el abuso no tiene que ser físico.

“También puede presentarse como agresión psicológica o abuso psicológico”, dijo Martínez el viernes, cuando subió al estrado para hablar del estatus migratorio de Garza.

La fiscal federal asistente, Patricia Cook Profit, respondió leyendo un documento presentado en el caso migratorio en el que se afirmaba que la exesposa de Garza lo había arañado y empujado.

El abogado Edward P. Sanchez, de McAllen, quien representó a la exesposa de Garza en la anulación, no respondió a una solicitud de comentarios.

La solicitud de Garza para ajustar su estatus migratorio sigue pendiente. Los fiscales nunca le presentaron cargos relacionados con fraude matrimonial.

Mauro Esteban Garza-Torres compró una casa cerca del Cimarron Country Club en Mission. Luego la regaló a su madre. (Foto cortesía de Homeland Security Investigations vía X, antes Twitter.)

En enero de 2025, los agentes recibieron información adicional sobre Garza. Un testigo dijo a HSI que Garza había participado en un esquema para evitar aranceles e impuestos.

Garza exportaba maquinaria pesada de Estados Unidos a México. Como parte del proceso de exportación, Garza y el testigo creaban varios juegos de documentos.

Hacían una factura real para el cliente, que mostraba el precio de venta; una factura fraudulenta para la aduana estadounidense, con un precio menor para reducir impuestos; y una factura fraudulenta para la aduana mexicana, con un precio aún más bajo para reducir gastos de aranceles, según la denuncia penal.

El testigo proporcionó a HSI cuatro juegos de documentos de 2023 que mostraban cómo funcionaba el esquema.

Los agentes arrestaron a Garza el 20 de marzo.

“El Sr. Garza, hasta donde recuerdo, afirmó que este proceso era común y que estaba permitido por las autoridades aduaneras mexicanas”, dijo Jones. “Corregimos al Sr. Garza y aclaramos que, de hecho, no está permitido — y, más aún, es ilegal — en México hacer algo así. Y también afirmamos que es ilegal en Estados Unidos declarar o valuar falsamente mercancía destinada a exportación”. Los fiscales acusaron a Garza de fraude electrónico (wire fraud), un delito federal.

Un día después de su arresto, HSI compartió fotos de la casa de Garza y de maquinaria pesada en X, la red social antes llamada Twitter.

HSI dijo que los agentes habían incautado vehículos de lujo, dinero en efectivo y equipo pesado durante operaciones en el Valle del Río Grande.

El abogado Carlos A. García, de Mission, quien representa a Garza en el caso penal, cuestionó si la investigación federal estaba motivada por la posibilidad de incautar bienes.

“No, señor”, respondió Jones.

García insistió en el punto.

“Es decir, ¿acaso el gobierno encontró un objetivo y dijo: ‘¿Saben qué?, eso vale mucho y vamos a encontrar una razón para quitárselo?’”, dijo García.

Profit, la fiscal federal, objetó.

“Retiro la pregunta, juez”, dijo García.

La jueza Medrano ordenó que Garza permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Garza vivió en México durante unos 37 años, dijo Medrano, y podría huir a México si fuese liberado.

“Esa es la preocupación”, dijo Medrano.

Si es declarado culpable del cargo de fraude electrónico, Garza enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

ValleyCentral

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