MEXICO.- Se llama AIFA, como las siglas de uno de los proyectos estrellas del presidente Andrés Manuel López Obrador: Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, en Santa Lucía. Y es una empresa de sociedad anónima con capital mixto —principalmente del Estado aunque también un poco de la iniciativa privada —cuya junta directiva está encabezada por un militar.

Se constituyó el año pasado y, según analistas de seguridad nacional, fue el primer paso formal en la militarización de la economía mexicana porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto las puertas a las Fuerzas Armadas en múltiples sectores más allá de la seguridad pública.

El Ejército mexicano hoy tiene presencia en por lo menos 30 actividades del desarrollo económico del país; entre ellas, en el sector de la construcción, el comercio, el turismo, los apoyos sociales, las telecomunicaciones, la reforestación, la educación y la salud.

Todo comenzó con un “golpe bajo” a los votantes que lo eligieron, precisó la organización civil México Unido contra la Delincuencia. Porque AMLO prometió durante su campaña presidencial desmilitarizar la seguridad pública pero una vez en el poder no hizo otra cosa que ampliar la presencia de los soldados como policías civiles al incorporarlos a la Guardia Nacional.

“Nadie podía creer que el presidente de la pacificación propusiera la elevación a rango constitucional de la militarización que desangraba al país, pero fue precisamente eso lo que se estableció en el Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024 presentado aquel 14 de noviembre de 2018”, dijo Lisa María Sánchez Ortega, presidenta de la organización.

“Así se dejó ver la ruta de institucionalización de la militarización y desmantelamiento de la institucionalidad civil que seguiría su gobierno”.

Poco a poco les dio más.
Pasaron del combate al robo de combustibles; a vender “cachitos” para la rifa del avión presidencial; de crear invernaderos de árboles para el programa Sembrando Vida a ser pieza clave para la distribución de la vacuna contra COVID-19.

Reclutaron operadores de pipas, personal médico y agentes de la Guardia Nacional. Incluso vigilaron la distribución de libros de texto gratuitos y de fertilizantes y de los programas sociales.

Para marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda anunció la solicitud para la creación de AIFA que se consolidaría en diciembre pasado. A esa primera empresa diseñada a modo para los militares se sumaría en los últimos días el anuncio de una segunda compañía para construir los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, más la administración del puerto aéreo en

“Así protegemos esta obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de marinos y de soldados. Ese es un objetivo”, dijo el presidente en un acto público.

El presidente mexicano justifica su apoyo a las Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica del Ejército, donde se establece que éste debe coadyuvar al progreso del país. También se ha apoyado en el legislativo con mayoría de su partido para modificar leyes y normas que permitan la creciente presencia de los militares en la vida pública y la economía así como su alto presupuesto.

Para 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá su mayor presupuesto en la historia: 112 mil 557 millones de pesos (alrededor de 55,000 millones de dólares) es decir, un 30% más que el año pasado.

LARGA HISTORIA
La participación del Ejército en la vida económica del país es un reciclaje. Raúl Benítez Manaut, analista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisa que los militares participaron activamente en la construcción de México en los años 20 y 30.

Sin embargo, la estabilidad política posterior a la revolución permitió crear instituciones civiles para encargarse de las tareas que hicieron en un principio los militares. “Hubo un ciclo muy grande de la desmilitarización de México que comenzó en el año de 1940 y llegó hasta el 2000 cuando se fueron transfiriendo todas las misiones militares a ámbitos civiles”.

Después vino la reincorporación a la seguridad pública y el salto cualitativo con Enrique Peña Nieto (2012- 2018) quien comenzó a meter a las Fuerzas Armadas otra vez en proyectos de infraestructura aunque muy marginales.

Con AMLO como presidente, el Ejército comenzó a figurar. Para empezar le inyectaron 44 millones de dólares para estudiar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía Felipe Ángeles. Lo demás vino en cascada.

En 2020 la Secretaría de Hacienda autorizó 650 millones para la construcción de las primeras obras de ese aeropuerto; la Secretaría del Bienestar le pagó para la producción de plantas maderables y frutales, construcción y equipamiento de viveros forestales.

Diversos estados comenzaron a llamarles. El gobierno de la Ciudad de México les dio 30 millones de dólares para construir el Hospital General de Topilejo; los gobiernos de Sinaloa y Querétaro adquirieron los árboles frutales desplazando así a algunos productores locales.

Igual pasó con constructoras particulares que quedaron a un lado cuando el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas suscribió contratos por alrededor de 23.5 millones de dólares con los ingenieros militares para la construcción de las Unidades Habitacionales Militares en el Estado de México, Puebla, Veracruz, Baja California, Morelos y Sonora.

El Banco del Bienestar también ha desembolsado su parte para que los militares construyan 1,751 sucursales bancarias para pagar las ayudas sociales del gobierno y el Instituto de Salud para el Bienestar pagó más de 200 millones de dólares a la Sedena para la atención de la emergencia de salud pública originada por la epidemia de Covid-19.

Entre otros sectores.

LOS RIESGOS
Donde más se ha encontrado resistencia hacia los militares ha sido en los puertos. El presidente quiere arrebatar con una nueva ley el control a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para entregarlo a la Marina y así enfrentar la corrupción derivada del crimen organizado que ha encontrado una puerta para contrabando de drogas y precursores químicos para éstas.

El dictamen que se encuentra en la Cámara de Diputados quiere que las costas, puertos y terminales de injerencia 100% continental pase de civiles a militares. Los críticos de la propuesta señalan que de acuerdo con la Ley Federal del Mar y los convenios internacionales vigentes, los militares no pueden ejercer funciones. Que el comercio no es su asunto.

El caso es que hay mucho dinero de por medio sea en los puertos o más allá.

AMLO ha dicho que además de las razones de seguridad se trata de ahorrar dinero con la injerencia del ejército en su plan de austeridad y la economía, pero algunos analistas consideran que la mancuerna del presidente y las fuerzas armadas es, más bien, un asunto de ganar-ganar.

“Desde 1917 a los militares lo único que les importa es que el grupo de poder en turno les garantice las exclusividades económicas y sociales y la independencia de sus tribunales e instituciones y la imposibilidad de ser fiscalizados por EEUU”, observó Rubén Cortes, analista político, periodista y escritor.

“AMLO les permitió eso a cambio de que lo dejen transformar el sistema político y económico del país sin que se metan y permitiéndoles hacer más negocios con el Estado”.

Similares modelos han operado en países como Nicaragua, Venezuela o Cuba con resultados polémicos. Una auditoría de la firma Price Water House Cooper (PwC) reveló que en 2009, el Instituto de Previsión Social Militar de Nicaragua tenía inversiones en Wall Street con capitales de las empresas administra o se ha adjudicado mientras han jugado un papel activo en contra la disidencia de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder.

Otro elemento de discordia es el narcotráfico. “El problema esencial de meter a los militares en la economía es que éstos son los encargados de perseguir a los narcos y al final acaban en contubernios que crean los narcoestados. Ya pasó en Venezuela”, advirtió Cortés. “Después de eso sólo puede acabarse con una intervención militar”.

La Opinión