CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La futura presidenta de México Claudia Sheinbaum y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dialogaron el jueves sobre la necesidad de profundizar las relaciones entre ambos países para atender la problemática migratoria, el tráfico de drogas y la crisis climática mundial.

La Casa Blanca dijo en comunicado que Harris y Sheinbaum sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron algunos de los problemas comunes que aquejan a México y Estados Unidos.

Ambas líderes resaltaron la importancia de que las mujeres ocupen puestos de liderazgo y se comprometieron a trabajar juntas para hacer frente a la crisis climática mundial e impulsar las energías renovables.


Asimismo, hablaron sobre la profundización de la colaboración entre ambos países para abordar las causas que originan la migración, el fortalecimiento de los lazos comerciales y el crecimiento económico, y el combate al tráfico de personas, drogas ilícitas y armas de fuego.

La llamada telefónica se da dos días después de un encuentro que tuvo Sheinbaum con Liz Sherwood-Randall, asesora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden en materia de seguridad nacional, y con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, con quienes conversó sobre migración, seguridad y comercio.

Biden felicitó la semana pasada a Sheinbaum por su “histórica elección” en los comicios generales del 2 de junio que le permitieron convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de México, y se comprometió a trabajar estrechamente con ella.

Por otra parte, la futura presidenta alabó el jueves la postura del secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, sobre una reforma judicial que discutirá próximamente el Congreso mexicano y que ha desatado nerviosismo en los mercados financieros y la depreciación del peso mexicano.

“No hay ninguna cosa de que están en contra de la reforma al poder judicial”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa al referirse a las declaraciones que hizo el miércoles Nichols ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja donde señaló que México es un país soberano y tiene procesos que puede usar para cambiar su marco legal.

En su intervención, el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental planteó que la transparencia judicial es “vital” para todos los inversionistas y recordó que la reforma al poder judicial debe respetar las disposiciones de protección a los inversionistas extranjeros previstas en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No están en riesgo ninguna de las inversiones”, afirmó la futura presidenta al desestimar las preocupaciones que ha generado en los mercados financieros la iniciativa sobre el poder judicial, que será una de las cinco reformas a la que le dará prioridad el nuevo Congreso en septiembre junto con los proyectos sobre programas sociales y no reelección.

En las últimas dos semanas, los mercados financieros locales han enfrentado gran volatilidad lo que ha ocasionado una depreciación de casi 10% del peso mexicano.

Las presiones sobre la moneda cedieron el jueves tras la declaración que realizó la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, quien anunció la víspera que el organismo monetario podría actuar si el peso mostraba un comportamiento atípico o de extrema volatilidad.

Al cierre de la jornada la moneda alcanzó una cotización de 18,38 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 1,95%.

El nerviosismo de los mercados ha estado asociado a la preocupación que tienen los inversionistas de que el partido gobernante Morena, que habría logrado la mayoría de los escaños en el nuevo Congreso, lleve adelante una reforma constitucional del sistema judicial y otras iniciativas que podrían afectar la independencia de poderes y a los organismos autónomos.

La iniciativa del poder judicial forma parte de un paquete de 20 leyes que presentó en febrero pasado el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y que comenzará a discutir el nuevo Congreso en septiembre. El proyecto prevé que los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular.