Donald Trump se ha llevado un importante revés judicial. Un juez federal ha señalado este jueves que la Administración republicana movilizó ilegalmente tropas del ejército en las calles de Los Ángeles sin contar con el visto bueno de Gavin Newsom, el gobernador de California. El juez Charles Breyer ha dado la razón al político demócrata y ha emitido una orden temporal que frena el despliegue de 4.000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en las calles angelinas. Washington ya ha anunciado que recurrirá al fallo, lo que alargará el conflicto judicial.

California acudió a los tribunales el lunes con la esperanza de que el poder judicial frenara la militarización de sus calles, ordenada por Washington. El argumento es que la Constitución brinda a los Estados el poder sobre sus fuerzas de seguridad, a menos de que estos soliciten al Gobierno tomar el control. “La Constitución y nuestras leyes limitan estrictamente el uso interior de los militares, incluida la Guardia Nacional”, asegura la demanda.

El fiscal general de California, Rob Bonta, argumenta que la Ley conocida como Posse Comitatus prohíbe a los cuerpos militares hacer tareas de fuerzas de seguridad civiles como los de la policía. “Esta autoridad se reserva para circunstancias muy específicas, las cuales no se cumplen ahora”, señala el texto, de 22 páginas. Los límites a las fuerzas armadas en las tareas dentro del propio suelo estadounidense, dicen los letrados, se origina desde los tiempos de los padres fundadores, quienes “desconfiaban de los gobiernos militares”.

Esta es la demanda número 24 que California presenta contra del Gobierno en la segunda presidencia de Trump. Este jueves, las autoridades estatales han presentado la 25 por la revocación de Washington del plan local para acelerar la transición a los coches eléctricos.

El fiscal Bonta acusó a la Administración de agravar la situación con el movimiento de las tropas. “Desde que el presidente anunció su plan, la situación ha escalado rápidamente y el malestar en las calles ha crecido, lo que ha llevado al cierre de vías y pone a la gente en peligro”, dijo el lunes. A día siguiente, la alcaldesa Karen Bass decreto el toque de queda en parte del centro para asfixiar las protestas y reducir el vandalismo que dejó decenas de pintas de grafiti y comercios saqueados.

El fiscal había subrayado el hecho de que las tropas federales no fueron solicitadas por el gobernador. “ Él sabe perfectamente cómo hacerlo cuando son necesarias”, dijo. Newsom solicitó a la Guardia Nacional a inicios de 2025 para apoyar a las autoridades locales tras los incendios en Los Ángeles y lo hizo también en el verano de 2020, cuando las movilizaciones sociales en repudio al asesinato de George Floyd amenazaron el orden público. “Esta es la primera vez desde 1965 en las que un presidente ha activado a la Guardia sin que lo solicite un gobernador”, añadió Bonta.

La presencia de los militares de la Guardia Nacional se ha limitado estos días a la vigilancia de edificios federales en la zona metropolitana de Los Ángeles y el condado de Orange. Los guardias están armados con porras, escudos antidisturbios y rifles de alto poder, pero no han entrado en contacto con los manifestantes civiles. Algunos están acompañando a los agentes del Servicio de Control de Inmigración, el ICE, a detener indocumentados. Sin embargo, estos no pueden realizar los arrestos, que deben ser llevados a cabo por fuerzas civiles.

“No hay necesidad de que la Guardia Nacional esté destacada en Los Ángeles, y al hacerlo de manera ilegal por tanto tiempo es una seria violación a la soberanía que parece ser intencionalmente diseñada para enardecer la situación”, escribió Newsom el fin de semana en una carta dirigida a Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Trump.

Washington respondió este miércoles en los tribunales a la demanda de Newsom. “Un ardid político”, la calificaron los abogados del Gobierno. Estos reviraron al gobernador recordándole que Trump movilizó a los militares tras invocar poderes de emergencia discrecionales. Con ellos no es necesario que un Ejecutivo estatal dé el visto bueno al uso de tropas en su territorio.

“Este estatuto [el título 10] empodera al presidente para que este determine qué fuerzas considera él que son necesarias para suprimir una rebelión o para ejecutar las fuerzas armadas”, asegura la demanda. Los letrados dicen que no darle la razón al Ejecutivo en este caso sería un hecho “peligroso” y “sin precedentes”.

En una contestación, los fiscales de Sacramento han calificado el intento de Trump como un avance en su intento de ejercer un “poder sin límites” que no pueda ser sujeto a revisión de parte de los otros dos poderes.

El juez de distrito Charles Breyer, un magistrado que llegó al cargo nombrado por Bill Clinton, se negó a emitir un fallo de emergencia el martes a petición de Gavin Newsom. “Estos hombres y mujeres están entrenados para combate en el extranjero, no para tareas de seguridad. No queremos nuestras calles militarizadas con nuestras propias fuerzas armadas”, aseguró el gobernador en referencia a los marines en activo que han sido desplegados. Por ahora, el juez le ha dado la razón.

Los militares que ya han arribado están desperdigados en ocho puntos de la vasta geografía angelina. Más que en movimiento, están estáticos custodiando un puñado de edificios federales. Casi 150 elementos están vigilando las instalaciones de Seguridad Interior en la ciudad de Paramount, cerca de donde se registraron protestas el sábado contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Unos 300, el grupo más nutrido, están cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Un centenar está acompañando a elementos del ICE mientras estos cumplen con órdenes de aprehensión de indocumentados sobre los que penden fallos de deportación. Y unos 32 están en Santa Ana, en el condado de Orange.

El País