MEXICO.- El 21 de junio pasado, una camioneta avanzaba a paso lento por la carretera El Fresnito- Los Mazos, en la región aguacatera entre Jalisco y Michoacán, cuando la sorprendió un estruendo. La tierra se abrió primero en dos y luego se fracturó hasta volverse polvo, la tierra se hundió y se tragó el vehículo… ¡con 12 campesinos!

Hacía tiempo que ingenieros, agricultores, geólogos y otros científicos habían advertido que la extracción descontrolada de agua en la región podría traer afectaciones en contra de la población michoacana envuelta en un peculiar “boom” del consumo de aguacate en Estados Unidos.

La amenaza a los inspectores agropecuarios estadounidenses que vigilan la exportación del “oro verde” que ocurrió recientemente no es el único mal que rodea a la bonanza.

Después de que México aceptó el 18 de febrero garantizar la seguridad de los inspectores de EE.UU. amenazados por el crimen organizado y tras siete días de incertidumbre, cabildeo y pérdidas hasta de 50 millones de dólares por el bloqueo a la importación de aguacate, aquí quedaron las dudas.

¿Qué puede hacer la población michoacana y también la jalisciense aunque en menor medida ante un ecocidio encabezado por la tala de pinos y el descontrol del agua?

La defensa del medio ambiente ya ha costado la vida a dos de los más duros activistas del tema: Guadalupe Campanor, líder purépecha de la comunidad de Cherán, que peleaba por la defensa de los bosques locales, asesinada por asfixia en 2018 y Homero Gómez, defensor de los sitios donde se asientan las mariposas monarcas, podados de manera clandestina.

El hundimiento en la Carretera Fresnito-Los Mazos donde un socavón se “tragó” a los 12 campesinos se sumó a los males. Los campesinos fueron rescatados por paramédicos. Tres de ellos fueron hospitalizados en Ciudad Guzmán y quedaron con lesiones permanentes.

Los reportes de la prensa local informaron que en la zona había una “epidemia de socavones”, justo donde se ubican cultivos de berries y aguacates que requieren una gran cantidad de agua.

En los últimos meses, en Sayula, municipio aledaño, batalla con una grieta que mide más de tres kilómetros y medio de largo y 14 metros de profundidad. La falla afecta una de las carreteras principales de la entidad y el estado ha tenido que invertir alrededor de un millón de dólares en su equivalente en pesos.

“Aunque pareciera que al plantar aguacate en donde había encinos y pinos no pasa nada, la realidad es que genera problemas muy particulares porque se necesitan 900 litros de agua para producir un kilo de aguacate”, destacó Alberto Gómez Tagle, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre Michoacán y el sur de Jalisco diariamente se utilizan más de 10 millones de litros de agua para la producción, lo que equivlae a 3,800 piscinas olímpicas, según los cálculos de estas investigaciones.

“El árbol de aguacate consume seis veces más agua que pinos o encinos, además, debido a la estructura de las raíces del aguacate, la filtración del agua que produce es 14 veces menor en comparación de árboles maderables”.

El resultado es la desertificación, la deforestación y la aparición de socavones o aludes como el que ocurrió en junio de 2019 en el poblado de San Gabriel, en Jalisco, según documentó la Universidad de Guadalajara (UdeG), la institución que desde hace más de un lustro advirtió sobre las consecuencias del exceso de cultivo de aguacate en la región.

Luis Valdivia Ornelas, científico del Instituto de investigación y Estudio de la UDG denunció ese año que la falta de árboles que antes contenían la tierra de las superficies altas fue la causa de la avalancha de lodo y troncos que desbordó el río Salsipuedes, inundó San Gabriel, destruyó alrededor de un millar de casas y dejó un saldo de cinco personas muertas.

“Esto puede volver a repetirse”, advirtió.

De lado michoacano, se detectó también un fenómeno inédito en 2020 durante un monitoreo realizado por la UNAM entre el 5 de enero y el 15 de febrero: se registraron 3,247 movimientos sísmicos en el municipio de Uruapan y los alrededores, la zona de producción de aguacate más importante del mundo.

DEL LIBRE COMERCIO AL CRIMEN

Hace 25 años, los compradores de EEUU no tenían acceso al aguacate mexicano por una prohibición de las importaciones que duró ocho décadas. Las autoridades consideraban que había un riesgo para su agricultura por el gusano taladrador hasta que en 1997 se logró sanar, tres años después de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (hoy T-MEC) .

Ocho años después el aguacate mexicano ya estaba en todos los supermercados estadounidenses y se consolidaba cada día como una moda entre la popularidad y la mercadotecnia.

«Avocados from Mexico» fue la primera marca del sector agrícola que pagó un anuncio en la transmisión televisada del Super Bowl.

Ya para el 2021, México exportó 3,085 millones de dólares en aguacates, el máximo monto del que el país había tendido registro. Esto representó un crecimiento de 14.3% anual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México.

De acuerdo con Avocados From México, en los últimos siete años se logró duplicar el volumen de importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos, de tal forma que actualmente ocho de cada 10 aguacates en el país vecino son mexicanos.

A la par de estos incrementos también se ha incrementado la avaricia del crimen. Una funcionaria del gobierno michoacano cuyo nombre se reserva por razones de seguridad dijo a ese diario que la delincuencia organizada ha obligado a punta de pistola a muchos propietarios de terrenos a “cederles” sus propiedades ante el notario.

“No tienen límites”, señaló. “Mucha gente ha sido despojada de sus propiedades de esa manera”, señaló.

La falta de un estado de Derecho ha permitido ese descontrol en el cultivo del aguacate. En Michoacán el principal exportador del país el investigador de la Universidad Michoacana Benjamín Revuelta reveló que, de acuerdo con sus propios análisis, alrededor del 80% de las huertas del “oro verde” en el estado son ilegales porque no cumplen con el permiso y los criterios de las autoridades medioambientales.

“Michoacán está siendo invadido ante la euforia del gran negocio del aguacate a expensas del equilibrio ecológico”.

Jalisco vio en el ejemplo de su estado vecino una oportunidad y cayó en prácticas negativas muy similares. Desde hace una década empezaron a surgir huertas y huertas en una dinámica que empujó el entonces gobernador Aristóteles Sandoval (2013-2018) con su propuesta de hacer de la entidad “el gigante agroalimentario de México”.

Así empezó su mandato con una producción de aguacate de poco más de 18,000 toneladas en 13, 436 hectáreas de aguacate; al final de su mandato, la producción era de casi 40,000 toneladas en 22,000 hectáreas con permisos ambientales dudosos.

Activistas, autoridades, investigadores y la población de la región coinciden que los cárteles como la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación están metidos tanto en el negocio legal como ilegal así como en el control de las extorsiones y el mercado del aguacate.

La situación de inseguridad y el mercado ha dejado a los municipios prácticamente a su suerte. “Aunque nos afecta a todos, las autoridades no han sabido frenar eso. A veces el municipio, por más que intente frenar, que tenga su reglamentación y cierta autoridad, si hay una instancia federal o estatal que les da el permiso, difícilmente puede luchar contra eso en el municipio, observó la alcal desa de Gómez Farias. Ariana Barajas, alcaldesa de Gómez Farías.

“A veces te puedes meter también en otros conflictos y en problemas hasta personales y la verdad es que está difícil esa situación”.

Investigadores de la UdeG hicieron un llamado a establecer un plan de manejo y ordenamiento a fin de evitar que repunten los problemas ambientales y sociales, ocasionados por esta actividad sin orden. Afirman que aunque oficialmente existen alrededor de 20,000 hectáreas en la realidad podrían ser el doble.

“La razón de esta disparidad es que existen muchas huertas que se instalan pero no se registran ante la Secretaría de Agricultura”, dijo Alejandro Macías director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro Universitario del Sur y coautor de un libro de análisis sobre el tema entre 2007 y 2011.

“Desde ese tiempo se dijo que era importante intervenir para evitar problemas ambientales y sociales, que si no se tomaban cartas en el asunto sería una actividad muy conflictiva”.

Las denuncias siguen siendo las mismas: la sobre explotación del aguacate y los mantos acuíferos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha descubierto cientos de hectáreas cuyo uso de suelo fue modificado para convertirlo en terrenos de producción agrícola, principalmente para la siembra de aguacate.

En Michoacán, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente inició en 2019 más de 155 procedimientos administrativos, donde se demostró que se derribaron alrededor de 17, 474 árboles de pino y encino. En Jalisco, los operativos para frenar la producción de aguacate ilegal han demostrado que al menos mil 76 hectáreas sufrieron daño debido al cambio de uso de suelo.

Los investigadores dicen que es mucho más.

ALERTA HIDRICA

La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas en Michoacán calculó desde 2020 que entre el 80 y 90% de los municipios en Michoacán enfrenta un estrés hídrico (falta de disponibilidad de agua) debido a que se están perforando pozos de manera irregular y cada vez más profundos.

En el municipo de Morelia, por ejemplo, se perforaba máximo 100 metros en 2016, ocho años después los pozos llegaban a los 300 metros y en la meseta Purépecha, ya se explora hasta 600 metros. “No descartamos tener que llegar hasta un kilómeto de profundidad”, advirtió.

Los investigadores locales estiman que actualmente el 85% de las plantaciones de aguacate en el Estado tienen un sistema de riego artificial conectado a pozos profundos, lo que se manifiesta en el descenso de agua en algunos acuíferos.

En Jalisco, el Lago de Chapala y el Nevado de Colima ya están “sin disponibilidad”, según el último informe de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Otros acuíferos que están sobreexplotados son: El Aguacate, que abastece al municipio de Gómez Farías; Colomos, que abastece a Quitupan, Mazamitla y Tamazula.

Ciudad Guzmán, que abastece a San Gabriel, Zapotlán el Grande, Zapotiltic y Tuxpan, y Valle de Juárez, que abastece al municipio homónimo.

Ante esta situación la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAM) – único organismo que comercializa el producto a Estados Unidos y cuya producción obtenida de 35 municipios está concebida para ser vendida en el extranjero– se ha deslindado del problema.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que haya sobreexplotación pero no nos corresponde arreglarlo”, aseguró Armando López Orduña, director general de APEAM.

“Aquí dependerá del trabajo conjunto con las autoridades para que nos digan dónde sí se puede cultivar y recibir un registro de huerto apto o huerto legalizado para que pueda ser candidato a la producción, a la certificación y a la exportación pues actualmente no tenemos eso”.

La falta de esa normativas de producción hace que imposible saber el origen de los aguacates consumidos, principalmente en México, que no tienen tantas exigencias como Estados Unidos. No se sabe si el fruto que se lleva a la boca el consumidor es a costa de un desequilibrio ecológico, de un activista asesinado, un bosque quemado, de la sequía de michoacanos o jaliscienses…

Rubén Sánchez, director general de la Fundación Reto Ecológico, una asociación civil que se ha encargado de denunciar desde 2013 las prácticas ilegales a las que recurren algunos productores de aguacate lamenta que la falta de reglas ponga en la mira la prosperidad de una región.

“No estamos en contra de que se siembren aguacates, estamos en contra de que los sustituyan por los pinos, por los bosques; lo están sembrando en tierras que no tienen vocación agrícola y no tienen permisos para hacerlo y ellos lo saben”.

Reforma