La frontera entre Estados Unidos y México estaba relativamente tranquila el viernes y ofrecía pocas señales del caos que se temía tras la oleada de migrantes ansiosos por cruzar a territorio estadounidense antes del fin de las restricciones migratorias relacionadas con la pandemia del coronavirus.

Menos de 24 horas después de que se levantaran las reglas conocidas como Título 42, los migrantes y las autoridades estadounidenses seguían evaluando el efecto del cambio y las nuevas regulaciones para estabilizar la región adoptadas por el gobierno del presidente Joe Biden.

“No vimos ningún aumento sustancial en cuanto a inmigración esta mañana”, declaró Blas Nunez-Neto, del Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que la agencia no tenía cifras específicas porque la situación apenas comienza.

Los migrantes que se encuentran a lo largo de la frontera siguieron adentrándose en el fronterizo río Bravo en su intento por ingresar a Estados Unidos mientras desafiaban a los agentes que desde el otro lado les gritaban que se regresaran. Otros trataban de acceder desde sus teléfonos celulares a la aplicación de citas, un proceso crucial como parte de las nuevas normas. Los migrantes con cita cruzaron por un puente con la esperanza de una nueva vida. Adicionalmente, por medio de demandas legales, se buscaba frenar al menos algunas de las medidas.

El gobierno de Biden ha aseverado que el nuevo sistema está diseñado para imponer medidas enérgicas contra los cruces no autorizados y ofrecer una nueva vía legal para los inmigrantes que pagan miles a los traficantes de personas para que los lleven hasta la frontera.

Ahora, Estados Unidos prácticamente prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en el país sin haberlo tramitado antes en línea o si no buscaron protección primero en los países por los que viajaron. Las familias a las que se les permita ingresar conforme avanzan sus casos migratorios serán sometidas a toques de queda y monitoreo por GPS.

En la mexicana Ciudad Juárez, al otro lado del río, muchos migrantes miraban sus celulares con la esperanza de obtener una codiciada cita para obtener permiso para cruzar. La app para registrarse cambió, por lo que algunos explicaban a otros cómo usarla.

En las cercanías, otros migrantes cargaban sus teléfonos en un poste de luz para tratar de conseguir una cita. La mayoría de ellos se resignó a esperar.

Yeremy Depablos, una venezolana de 21 años que viaja con siete primos, espera que la nueva medida agilice las citas. Por temor a ser deportada, Depablos no quiso cruzar sin autorización legal pese a que espera desde hace un mes en Ciudad Juárez.

Las vías legales promovidas por el gobierno estadounidense consisten en un programa que permite el ingreso de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero e ingresan por vía aérea.

Se están abriendo alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita mediante la app.

Si funciona, el sistema alterará fundamentalmente la forma en que los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos, pero Biden, que se postula para la reelección, enfrenta críticas fulminantes de parte de defensores de los inmigrantes, quienes aseguran que el presidente está abandonando métodos más humanitarios, y de los republicanos, que afirman que está adoptando una postura blanda respecto a la seguridad en la frontera.

El viernes por la mañana, pequeños grupos de migrantes haitianos con citas para solicitar asilo cruzaron el puente internacional Gateway que conecta Matamoros, en México, con Brownsville, en Texas. Lo hicieron con la ayuda de una organización no gubernamental, adelantándose al tráfico habitual de estudiantes y trabajadores que hacían fila en el tramo peatonal del puente. El tráfico vehicular parecía normal.

Melissa López, directora ejecutiva de servicios diocesanos para migrantes y refugiados en El Paso, dijo que las calles lucían tranquilas el viernes, con la presencia de pocos migrantes.

Declaró que, después de hablar con algunos de ellos, se dijeron dispuestos a seguir el nuevo camino creado por el gobierno estadounidense, pero también existía el temor a la deportación y posibles sanciones penales para quienes cruzan la frontera sin autorización legal.

La calma se registraba después de días en que muchos migrantes cruzaron la frontera en grandes cantidades con la esperanza de obtener permiso para permanecer en Estados Unidos antes que expiraran las restricciones del Título 42.

Más al oeste, cientos de migrantes, en su mayoría familias, se sentaron en una veintena de filas en medio de los muros fronterizos entre San Diego y Tijuana, en México, mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza caminaban entre ellos y seleccionaban a quiénes se les permitiría levantarse para ser procesados. Cuando algunos se levantaron con ellos, los que quedaban atrás vitoreaban.

Gloria Iñigo, de Perú, dijo que esperaba que su familia fuera la siguiente. Íñigo, su esposo y dos niñas, de 5 y 8 años, cruzaron la frontera el miércoles antes que entraran en vigor las nuevas reglas. Comentó que había oído hablar de las normas y que quería entrar antes, pero le sorprendió que muchos más hicieran lo mismo.

“Tengo fe”, dijo sobre poder obtener asilo en Estados Unidos.

Las normas que expiraron, conocidas como Título 42, estaban en vigor desde marzo de 2020 y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Estados Unidos ha declarado el fin de la emergencia nacional, poniendo fin a las restricciones.

Aunque el Título 42 impidió pedir asilo a muchos, no acarreaba consecuencias legales, lo que alentaba los intentos reiterados de ingreso. Después del jueves, quienes crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, tuiteó el viernes que la agencia había detenido a 67.759 personas en la última semana. Eso promedia 9.679 por día, casi el doble del nivel diario promedio de 5.200 de marzo.

El número está ligeramente por debajo de la cifra de 11.000 que las autoridades establecieron como máximo de lo que esperaban después del fin del Título 42, pero no quedaba claro cómo los números alcanzaron su punto máximo en las horas previas al vencimiento del Título 42 el jueves por la noche.

“Estamos viendo precisamente el desafío que esperábamos”, dijo el viernes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa “Good Morning America” de la cadena televisiva ABC. “No podemos controlar el flujo de personas antes de que lleguen a nuestra frontera”.

Las instalaciones de retención a lo largo de la frontera habían superado por mucho su capacidad en el período previo al vencimiento del Título 42. Los agentes tenían órdenes de dejar en libertad a los migrantes cuando los centros de detención alcanzaran el 125% de su capacidad o en donde las personas estuvieran retenidas por un promedio de 60 horas. Las liberaciones expeditas, con notificaciones para reportarse a una oficina de inmigración en los siguientes 60 días, también se habrían activado cuando las autoridades detuvieran a 7.000 migrantes a lo largo de la frontera en un solo día.

Pero la noche del jueves, el juez federal T. Kent Wetherell, designado al cargo por el presidente Donald Trump, frustró el plan del gobierno de comenzar a liberar a la gente y fijó una fecha para que la corte determine si se prorroga o no la decisión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) dijo que cumplirá el fallo, pero lo calificó como un “dictamen dañino que resultará en un hacinamiento inseguro”.

Otras partes del plan de inmigración del gobierno estadounidense también enfrentan impugnaciones legales.

Los grupos de defensa demandaron al gobierno de Estados Unidos por sus nuevas reglas de asilo minutos antes que entraran en vigor. Su demanda alega que la política del gobierno federal no es diferente a la adoptada por Trump, la cual fue rechazada por el mismo tribunal.

El gobierno de Biden indica que su regla es diferente y argumenta que no es una prohibición absoluta sino que impone una mayor carga a las pruebas presentadas para obtener asilo y que combina restricciones con otras vías legales recién creadas.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.