El gobierno de Daniel Ortega expulsó a Bettina Muscheidt, embajadora de la UE en Nicaragua, el pasado 1 de octubre, luego de que la delegación de la Unión Europea ante la ONU exhortara a su gobierno a “restaurar la democracia”. Una “acción” que, según Josep Borrell “conducirá a un mayor aislamiento internacional”. La pérdida de confiabilidad del régimen de Ortega también se extiende a su economía.

Según el último reporte actualizado del Banco Mundial, del 4 de octubre , la economía en Nicaragua pareciera estar mucho mejor de lo que permite concluir la degradación de la democracia en el tercer país más pobre de América Latina.

“El PIB real (en Nicaragua) aumentó un 10,3% en 2021 y continuó durante la primera mitad de 2022 con un crecimiento del 5,0%. El consumo privado facilitado por las remesas, más las exportaciones, impulsaron la expansión en la primera mitad de 2022”, asegura el reporte del Banco Mundial.

En comparación, y según esa misma entidad, el Producto Interno Bruto de Costa Rica, el país vecino y “modelo de desarrollo” creció en 2021 “solo” un 7,8% respecto a 2020, menos que el de Nicaragua.

Dudas sobre cifras del Banco Central de Nicaragua
¿Qué tan confiables son estas cifras? ¿Va la democracia nicaragüense hacia atrás, mientras la economía pareciera marchar hacia adelante? Expertos consultados por DW dudan de la veracidad de dichos datos económicos, en vista de la situación de represión política y social en Nicaragua, así como del cercenamiento de la libertad de prensa y de investigación periodística en ese país por parte del gobierno de Daniel Ortega.

“Las cifras del informe del Banco Mundial son muy sorprendentes. Algunos de los datos parecen sacados del Banco Central de Nicaragua (BCN), el cual carece de toda confiabilidad, debido a su falta de independencia”, explica a DW Désirée Reder, investigadora del Centro de Estudios sobre Conflictos de la Universidad Philipps, de Marburgo, y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo. Sin embargo, las cifras del Banco Mundial se basan en datos propios, basados en estudios y encuestas, así como en datos sobre las cuentas nacionales y en archivos sobre cuentas nacionales de la OCDE, según indica el BM en su página web.

Pero la experta, que realiza un doctorado sobre “La legitimación de la represión violenta contra la disidencia pacífica” reitera que el Banco Central de Nicaragua se encuentra “bajo el control del gobierno”, y agrega que se trata de “números difíciles de verificar por fuentes independientes, toda vez que este año el Gobierno de Daniel Ortega ha prohibido a un total de 2.250 organizaciones no gubernamentales, por lo que en Nicaragua apenas quedan observadores independientes, periodistas y analistas no oficialistas”.

Problemas económicos y sociopolíticos en aumento
En este contexto, el politólogo David Rosenthal apunta en entrevista con DW que hay que tener en cuenta que “Nicaragua, luego de una recesión de dos años provocada por la crisis política 2018, sufrió más caídas en la actividad económica debido a la pandemia y a los dos fuertes huracanes ocurridos en 2020”, aunque sus mayores problemas económicos, según él, “coinciden con los problemas sociopolíticos provocados por el régimen de Ortega”.

¿Cuán confiables serian otras cifras disponibles, de otras fuentes, por ejemplo, sobre la pobreza en ese país? “El régimen no publica esos datos, pero Nicaragua es el tercer país más pobre de América Latina y el Caribe, después de Haití y Honduras”, recuerda la analista del GIGA, y agrega que, según estimaciones “dos terceras partes de la población nicaragüense vive en situación de pobreza”.

¿Le sorprenden esas cifras oficiales, y que sea casi imposible verificarlas de forma independiente? “No me sorprenden en absoluto. El régimen de Daniel Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, es extremadamente represivo. Todo científico, periodista o activista, o incluso un simple ciudadano, tiene que temer por su propia vida y la de su familia si se atreve a criticar o investigar la verdad”.

En Nicaragua cada vez más sectores económicos estarían en manos de miembros de las familias Ortega y Murillo. En efecto, “sus hijos ocupan altos cargos en la economía, y tienen o dirigen sus propias empresas y, por supuesto, persiguen sus propios intereses. A su vez, el gobierno de Ortega aprobó, desde un comienzo, leyes favorables para las empresas”, reseña la investigadora.

¿Actividad empresarial de la familia presidencial para apuntalar el poder? “El crecimiento económico se utiliza para mostrar legitimidad. Así que parte de ello es para legitimar el rumbo que lleva el régimen, que afirma que a la gente le va bien. Por eso esas cifras le hacen el juego al régimen”.

(cp)

Autor: José Ospina-Valencia