El camino legislativo de la propuesta inmigratoria de Joe Biden no va a ser ni rápido ni fácil ni posiblemente como lo ha propuesto el presidente, pero los vientos que corren en este sentido han mejorado. Ante esta situación, el presidente del comité de Inmigración, Carlos Menchaca, empezó el lunes a tomar notas sobre cómo eliminar las actuales barreras de acceso a la naturalización y acelerar los procesos en la ciudad para cuando haya posibilidad de sumar candidatos a optar a la ciudadanía.
En el Concejo se quiere preparar el camino para buscar los recursos para ayudar a los inmigrantes en el proceso de petición, combatir la desinformación y el fraude, las ideas equivocadas sobre la llamada carga pública y el problema de los adoptados internacionalmente, muchos de los cuales no son ciudadanos y no siempre lo saben, son algunas de las cuestiones a resolver. Y hay movimientos en algunas de ellas.
De momento, hay una resolución del concejal Peter Koo para que el Congreso pase le ley de la ciudadanía de adoptados internacionalmente para asegurar que adultos y envejecientes adoptados tengan una nacionalidad estadounidense que en muchas ocasiones no tienen por cuestiones administrativas. Nueva York se uniría con esta resolución a Houston y Los Ángeles a la hora de garantizar automáticamente este derecho que personas como Anissa Druesedow.
Esta mujer de 50 años, nacida en Jamaica, fue adoptada en Panamá por una familia americana, pero vivió en Estados Unidos sin ciudadanía y es madre de una hija estadounidense. Fue detenida por un delito menor y pasó a manos de ICE para terminar siendo deportada. Ahora vive en un país de América central, enferma y sin posibilidad de ver a su hija más que cada dos o tres años. Druesedow vive con la esperanza de que su caso tenga resolución, la misma esperanza que Raana Stiefel, adoptada en Irán y que ahora es apátrida.
Es un agujero legal del proceso de adopción y una situación que solo se ha arreglado para los más jóvenes lo que ha convertido a estas personas en víctimas de un sistema inmigratorio que lleva años redoblando su dureza.
En este momento el acceso a la nacionalidad tiene, a pesar de la caída de las peticiones de naturalización, un cuello de botella porque con la COVID se cerraron los procesos de entrevistas y ceremonias de juramento que solo se han abierto de forma muy gradual, según explicaba la comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos Migratorios, MOIA, Bitta Mostofi.
Esos retrasos hacen que los procesos puedan estar abiertos más de un año, más de 16 meses.
Mostofi explicó que, aunque hay muchos inmigrantes que califican para pedir la nacionalidad se han reducido las peticiones por las barreras que puso la Administración Trump quien entre otras cosas quiso aumentar sin éxito el precio de la tramitación.
Aunque el costo no se subió, con otras cuestiones como no poder solicitar la exención de pago, tener la documentación precisa o las exenciones por ciertas situaciones que han requerido un seguimiento mayor por parte del personal que tramita las peticiones, muchos neoyorquinos han sido disuadidos de solicitar a la espera de una mejora de las circunstancias.
Desinformación y fraude
Uno de los dos grandes desafíos que presenta un cambio legislativo de calado es evitar la desinformación que juega en contra de los propios interesados. Es algo que es una realidad con la cuestión de la “carga pública” que iba a denegar el camino a la ciudadanía a aquellos que legalmente hubieran hecho uso de beneficios públicos.
La carga pública no está vigente porque está estancada en Tribunales y UCIS no la está aplicando a pesar de tener la regulación preparada para ello. Es muy probable que la Administración Biden la neutralice de una vez por todas en los próximos días, pero como testificaron el martes ante el comité de inmigración algunos líderes de organizaciones comunitarias y de inmigrantes, muchas personas llegan a pedir ayuda, pero no aceptan cupones de comida o una mano con la renta por parte de programas públicos por la posibilidad de perder su acceso a la naturalización.
Aniqa Chowdhury, del Arab American Family Support Center, fue una de las personas que testificó que llegan muchos individuos a su organización que aún creen que tienen que elegir entre comer o ser ciudadano.
El otro desafío es combatir el fraude. Los cambios legislativos abren la puerta a los falsos notarios, falsos abogados que aprovechan la situación de vulnerabilidad y esperanza de los inmigrantes. Mostofi explicó de hecho que una de las cosas que primero hizo cuando se supo de la propuesta de ley de Biden fue ir a la televisión para aclarar que no hay nada aún a disposición de nadie y que no se abren puertas todavía. De lo que se trata es de caer en esas falsas esperanzas pagando un alto precio.
En este sentido desde la ciudad se quiere crear un punto de entrada para que se pueda solicita ayuda y se ha elaborado un documento en varias lenguas para saber qué preguntar en caso de que se quiera acudir a un abogado de inmigración. Desde MOIA se anima a que las preguntas que se tengan se tramiten a través de la hotline de este departamento y el 311. Cuny Citizen Now, que ayuda con las tramitaciones de naturalización y a solicitar exenciones, está también proveyendo información.
Agencias