El Congreso de Perú votó a favor de iniciar un juicio político contra el presidente Martín Vizcarra por segunda vez en dos meses, lo que aumenta la incertidumbre política para un país sumido en una profunda recesión y una devastadora pandemia.

El lunes, el Congreso unicameral de la nación andina votó 60-40 a favor de admitir la moción de juicio político, un cuórum superior a los 52 votos necesarios; mientras que 18 legisladores se abstuvieron.

El juicio político de Vizcarra se debatirá y votará el 9 de noviembre, una vez que el presidente o su abogado hayan presentado su defensa en la cámara de 130 escaños. Si la moción recibe 87 votos, será destituido del cargo y reemplazado por el presidente del Congreso hasta que se celebren elecciones.

Aunque Vizcarra no tiene representantes en el Congreso que lo defiendan, parece poco probable que la oposición lo expulse. Sigue siendo un popular líder y encuestas recientes sugieren que la mayoría de los peruanos se opone al juicio político y quiere que enfrente una investigación después de que termine su mandato en julio. El país celebrará elecciones generales el 11 de abril.

El presidente sobrevivió a su primer juicio político el 19 de septiembre después de que solo 32 legisladores votaran por su destitución tras supuestamente intentar interferir en una investigación de corrupción contra miembros de su Gobierno.

Legisladores de varios partidos dijeron que, aunque están a favor de iniciar procedimientos para obligar a Vizcarra a presentar su defensa en el Congreso, eso no significa que votarán por su destitución. Diethell Columbus, congresista del partido Fuerza Popular, dijo que Vizcarra debería tener la oportunidad de responder a las acusaciones; que lo menos que se puede hacer es admitir la moción de juicio político, para luego ver el tema subyacente.

Otto Guibovich, legislador del partido Acción Popular, dijo que el Congreso debe demostrar que está luchando contra la corrupción y ejerciendo control político, y que admitir la moción no significa necesariamente un juicio político, pero que se cumple con el mandato constitucional.

Los fiscales están investigando acusaciones de que Vizcarra recibió 2,3 millones de soles (US$639.000) en sobornos de compañías que construyeron proyectos de infraestructura en la región de Moquegua, donde fue gobernador entre 2011 y 2014. Los fiscales abrieron una investigación sobre Vizcarra el mes pasado en base a testimonios y documentos proporcionados por ejecutivos de las compañías constructoras que buscan un acuerdo de culpabilidad como parte de una investigación más amplia sobre sobornos. Él niega haber hecho algo malo.

La moción acusa a Vizcarra de mentir repetidamente al país y busca su destitución por “incapacidad moral permanente”.

Los procedimientos serán una distracción para el Gobierno en momentos en que intenta apuntalar el crecimiento económico tras una contracción mundial. Perú también tiene el mayor número de muertes per cápita por covid-19.

Vizcarra, de 57 años, ha mantenido altos índices de aprobación durante gran parte de su presidencia después de embarcarse en una campaña para limpiar la política y el Poder Judicial. Disolvió el Congreso en septiembre de 2019 después de repetidos enfrentamientos con la oposición por medidas antisoborno.

Es el segundo líder peruano que enfrenta procedimientos de juicio político en menos de tres años. Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunció después de que un legislador de la oposición publicara videos que mostraban que sus aliados aparentemente negociaban votos para evitar su expulsión.

Nota Original:

Peru President Faces Second Impeachment Trial in Two Months (1)

Bloomberg