Tras un día entero de versiones encontradas el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, confirmó el hallazgo de “al menos 20” cuerpos sin vida en las costas de Güiria, uno de los poblados más orientales de Venezuela –el estado Sucre– el sábado pasado tras el naufragio de una embarcación, sin precisar detalles sobre las causas del viaje emprendido por estas personas, ni la fecha exacta de la tragedia.

Una primera versión que circuló el domingo informó acerca de la aparición de 19 cadáveres de venezolanos, pero la prensa local venezolana pudo confirmar luego la identidad de solo once, siete adultos y cuatro niños. Luego un breve comunicado oficial señaló que serían 14 los fallecidos hasta la última versión ofrecida por el funcionario sobre los 20 cuerpos recuperados a unas siete millas náuticas de las costas de Güiria.

Todavía no está claro si los migrantes naufragaron camino hacia Trinidad y Tobago o si llegaron a las islas y fueron deportados a Venezuela y perecieron en el camino de regreso. Esta última versión es la que asegura que ocurrió David Smolansky, el comisionado para el tema de los migrantes nombrado por el presidente interino, Juan Guaidó. “(El peñero) fue devuelto de la isla y habría naufragado. Se han encontrado cadáveres flotando en el mar, muy cerca de las costas venezolanas”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/dsmolansky/status/1338142108159533056

La embarcación, de nombre ‘Mi Recuerdo’, zarpó de las costas de Güiria el 6 de diciembre, según confirmaron a periodistas de la zona algunos familiares de los fallecidos.

De confirmarse la versión de la deportación, esta tragedia significaría una nueva cota de irregularidades y vejámenes por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago, que en el último mes deportaron a 160 venezolanos de regreso a Venezuela, en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro. Ese operativo ha sido prácticamente la única actuación concreta de ambos Gobiernos sobre el tema pues por lo general no hay pronunciamientos ni sobre estos operativos o los accidentes, desapariciones o condiciones de los venezolanos en las islas.

Los antecedentes

La gran mayoría de los venezolanos que entra ilegalmente a estas islas, aunque pide asilo y busca ser considerado como refugiado, es susceptible de ser apresado pues el aparato legal de Trinidad y Tobago no ha sistematizado el reconocimiento del estatus de refugiado y apenas hace un año existe formalmente una oficina de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en su capital, Puerto España.

En una deportación anterior, ocurrida a finales de noviembre, fueron devueltos 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad. La embarcación, que tuvo un percance en el trayecto de regreso, fue rescatada, devuelta a Trinidad y apresados sus pasajeros, incluyendo los menores.

Por su cercanía con estas islas, desde hace al menos tres años el flujo masivo de venezolanos que huyen del país empezó a drenar por esta ruta marítima. Al principio casi imperceptible, los venezolanos de la costa del país viajaban hacia Trinidad por cortos períodos de tiempo para comprar bienes de primera necesidad –como alimentos y medicinas– o como una migración pendular que trabajaba durante temporadas cortas en la isla para regresar a Venezuela con el dinero ahorrado.

Poco a poco se fue tornando más constante y grueso el flujo de personas, con estadías más largas y evitando los controles legales. La agobiante devaluación de la moneda venezolana (el bolívar) y el hambre comenzó a empujar un desplazamiento hacia Trinidad en búsqueda de trabajos más estables con los migrantes ahorran en dólares trinitarios que luego se cambian por dólares estadounidenses y posteriormente se envían a Venezuela como remesas.

A finales de 2018 la migración de venezolanos hacia Trinidad ya era un fenómeno que las autoridades de la isla llegaron a reportar como una “invasión”, llegando a asegurar que en la isla se encontraban hasta 40,000 venezolanos. La magnitud del movimiento no sólo trajo tensiones sociales hacia los venezolanos en las islas sino que empezó a cosechar sus propias tragedias en forma de naufragios y desaparición de botes y personas. También en la isla, como comenzó a reportar la prensa venezolana.

Solo en 2019 se perdieron dos botes que zarparon de las costas orientales venezolanas, sumando 60 personas desaparecidas en el mar.

Las deportaciones masivas están prohibidas según establece el Derecho internacional y específicamente en la región y en estos tiempos de pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que lo establece taxativamente y exhorta a los países de América a “evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes”.

La migración venezolana a través de embarcaciones también empezó a alcanzar a las islas de Aruba y Curazao con botes que salen de la costa del estado Falcón, al occidente del país, registrando también su cuota de tragedias. Desde esta costa, entre 2019 y 2020 han desaparecido también dos botes con 51 personas a bordo. Apenas se ha recuperado un cuerpo.

Telemundo