Conforme se acerca el final de la presidencia de Donald Trump, su administración se apresura a llevar a cabo varias ejecuciones federales.
Según lo programado, 5 reos serán ejecutados antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, lo que rompe con un precedente de 130 años de pausar las ejecuciones en medio de una transición presidencial.
Si finalmente las cinco tienen lugar, Trump será el presidente más prolífico en ejecuciones en más de un siglo, supervisando este tipo de condenas a 13 reos desde julio de este año.
Las cinco ejecuciones comenzarán esta semana, comenzando por Brandon Bernard, de 40 años, y Alfred Bourgeois, de 56 años. Está previsto que ambos sean ejecutados en una penitenciaría de Terre Haute, Indiana.
El fiscal general, William Barr, defendió que su Departamento de Justicia simplemente está cumpliendo con la legislación existente.
Pero sus críticos consideraron que la medida es preocupante, ya que se produce a solo unas semanas de que Biden, que ha dicho que buscará poner fin a la pena de muerte, asuma el cargo.
“Esto realmente se sale de la norma de una manera bastante extrema”, señaló Ngozi Ndulue, directora de investigación del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no partidista.
La avalancha de ejecuciones de última hora del presidente Trump ha levantado algunas preguntas:
¿Cuál es la política vigente en Estados Unidos?
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte federal en 1988, las ejecuciones en Estados Unidos han sido escasas.
Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período (1988-2016).
Todas se llevaron a cabo bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de la ciudad de Oklahoma.
De hecho, desde 2003 no se ha producido ninguna ejecución federal.
Sin embargo, las autoridades de cada estado del país sí que han seguido ejecutando a presos en las cárceles gestionadas por ellas.
El año pasado se llevaron a cabo 22 muertes de presos en el corredor de la muerte.
Pero esas ejecuciones por estado también registran una tendencia a la baja.
Un número cada vez mayor de estados de EE.UU. se ha movilizado para abolir la pena capital por completo, y la mayoría ha prohibido formalmente la práctica o no ha ejecutado a ningún preso en más de una década.
Opinión ciudadana
Las encuestas también reflejan que los ciudadanos se alejan cada vez más de la pena capital.
Un sondeo llevado a cabo por Gallup en noviembre de 2019 reveló que el 60% de los estadounidenses apoyaba la cadena perpetua por encima de la pena de muerte por primera vez desde que comenzó la encuesta hace más de 30 años.
“El apoyo público a la pena de muerte está en el mínimo en décadas”, afirmó Ndulue.
En este tiempo, además, han surgido otros problemas relacionados con los métodos de ejecución, la obtención de medicamentos utilizados para inyecciones letales y los costos de las batallas judiciales y las apelaciones que pueden durar décadas.
¿Qué hizo la administración Trump?
En julio de 2019, Barr anunció las ejecuciones programadas de cinco condenados a muerte, a pesar del rechazo de varios estados y el cambio en la opinión pública.
“El Congreso autorizó expresamente la pena de muerte”, dijo entonces el máximo funcionario legal del país.
“El Departamento de Justicia defiende el Estado de Derecho, y le debemos a las víctimas y a sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema judicial”.
Los presos seleccionados habían sido condenados por asesinar o violar a niños y ancianos, dijo Barr.
La medida generó duras críticas por parte de los principales demócratas y grupos en defensa de los derechos humanos.
“Creemos que [la pena de muerte] es un castigo inconstitucionalmente arbitrario que debería haberse abolido hace décadas”, manifestó Lisa Cylar Barrett, directora de políticas del Fondo de Defensa Legal de la organización en defensa de la justicia racial NCAAP.
Los presos que se enfrentan a la ejecución:
Brandon Bernard fue condenado en 1999 por el secuestro y asesinato de dos clérigos, Todd y Stacie Bagley. Su ejecución está prevista para el 10 de diciembre, pese a las numerosas peticiones de clemencia debido a su temprana edad en el momento del crimen.
Alfred Bourgeois está en el corredor de la muerte por torturar y matar a golpes a su hija de 2 años. Su ejecución está prevista para el 11 de diciembre. Un juez federal suspendió una fecha de ejecución anterior debido a pruebas del equipo legal de Bourgeois que mostraban que tenía una discapacidad intelectual. Este fallo fue revocado en octubre.
Lisa Montgomery estranguló a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga y extraer al bebé para secuestrarlo en 2004. Su ejecución está prevista para el 12 de enero. Sus abogados alegaron que sufre daños cerebrales a causa de las golpizas cuando era una niña y sufre una enfermedad mental grave. Será la primera mujer en enfrentar una ejecución federal en Estados Unidos desde 1953.
Cory Johnson fue condenado por el asesinato de siete personas, en relación a su participación en el tráfico de drogas en Richmond, Virginia. El equipo legal de Johnson ha argumentado que sufre una discapacidad intelectual, relacionada con el abuso físico y emocional que experimentó cuando era niño. Su ejecución está prevista para el 14 de enero.
Dustin John Higgs fue condenado por el secuestro y asesinato en 1996 de tres mujeres jóvenes en el área de Washington, DC. Higgs no mató a ninguna de sus víctimas. Su coacusado Willis Haynes lo hizo, después de recibir instrucciones de Higgs. Haynes ha dicho en documentos judiciales que Higgs no lo amenazó ni lo obligó a disparar. La ejecución de Higgs está programada para el 15 de enero.
Además, la selección concreta de los presos llevó a que el gobierno de Trump fuera acusado de tomar esta decisión por motivos políticos.
La primera serie de ejecuciones este verano, durante una ola de protestas y manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, fueron todas de hombres blancos. En este caso, cuatro de los cinco prisioneros que serán ejecutados son afroestadounidenses.
Ndulue dijo que no creía que fuera “una coincidencia” que no se programara la ejecución de ningún prisionero negro durante el período de “mayor conciencia de las disparidades raciales en torno a la pena de muerte federal”.
Las investigaciones realizadas sugieren que la pena de muerte se ha aplicado de manera diferente en el país por motivos raciales.
“Uno de los hallazgos más contundentes encontrados en un estudio tras otro, en jurisdicciones de todo el país, es que la raza es un factor importante para determinar si se le aplicará la pena de muerte al reo”, dijo Ndulue.
¿Qué está pasando ahora?
Si las ejecuciones de Brandon Bernard y Alfred Bourgeois se llevan a cabo según lo programado, los 10 presos ejecutados en 2020 sumarán una cifra total sin igual en la historia moderna.
“Tendríamos que remontarnos a 1896 para encontrar otro año en el que hubiera 10 o más ejecuciones”, dijo la directora de investigación del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
